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Modelo 720: ¿es legal?

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El Modelo 720 fue adoptado el 29 del 10 de 2012 como parte de las medidas contra la evasión y el fraude fiscal.

La ley distingue tres grupos de bienes que requieren información:

  • Cuentas en el extranjero.
  • Valores, derechos, participaciones, seguros, rentas vitalicias y depósitos administrados o invertidos en el extranjero.
  • Derechos reales o inmuebles en el extranjero.

¿Quién está obligado a proporcionar información?

La obligación de informar se aplica no sólo a los titulares de tales derechos y bienes, sino también a los representantes, apoderados u otras personas naturales o jurídicas que puedan disponer de ellos.

La obligación de informar no se aplica si los valores de los tres grupos no superan la suma de 50.000 euros. Sin embargo, si se supera esta cantidad en uno de los grupos, deben mencionarse todos los bienes de este grupo.

En el caso de las cuentas bancarias, el importe es válido el 31 de diciembre o la media del último trimestre, ambos para el año de la declaración.

En los años siguientes, sólo las modificaciones de más de 20.000 euros con respecto al año anterior están sujetas a los requisitos de información.

Por supuesto, esta información debe corresponder a los bienes declarados en el impuesto sobre el patrimonio.

Esta obligación pura de informar sobre los activos extranjeros tiene dos consecuencias que hay que tener en cuenta:

1. Las elevadas sanciones por falta de información

Las penas por información incorrecta, incompleta o faltante son de 5.000 euros por cada información faltante con un mínimo de 10.000 euros.

Para las declaraciones tardías, la sanción se reduce a 100 euros por cada información con un mínimo de 1.500 euros. La sanción también se aplica independientemente de si el patrimonio ha sido declarado en el impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre el patrimonio.

Esto significa que si un contribuyente tiene una casa de vacaciones en Francia y no completa el modelo 720, debe pagar una penalización de al menos 10.000 euros, aunque el importe incremente al no haber sido declarada la fecha de compra, el precio de compra o la dirección del inmueble.

Y puede ser aún peor…

La Agencia Tributaria asume que el inmueble o el patrimonio se adquirió con fondos no declarados y acredita esta cantidad como ingreso injustificado en la declaración de la renta, por lo que esta cantidad se grava a un tipo del 52% hasta el 2014 y del 47% en la actualidad.

A este impuesto calculado se le añadirá una penalización del 150%, más los intereses de demora.

En nuestro ejemplo, esto significa que un contribuyente que adquiere un apartamento en 2001 y tiene un valor de 300.000 euros puede esperar fácilmente una multa que excede el valor de la propiedad.

2. 2. Sin plazo de prescripción

Aunque el resto de los impuestos que deben declararse al Estado en España prescriben a los 4 años (después de la última fecha de vencimiento, es decir, 4,5 años en la práctica), las disposiciones del Modelo720 estipulan que esta prescripción no se aplica explícitamente a las disposiciones penales mencionadas. Esto significa que la Agencia Tributaria puede hacer cumplir las sanciones mencionadas en cualquier momento, incluso si la casa fue comprada en Francia durante un período fiscal ya vencido.

Para evitar que se acepte la adquisición de fondos injustificados, el sujeto pasivo debe demostrar que ha gravado el medio de compra, lo que no siempre es fácil. La carga de la prueba recae en el contribuyente. Sin embargo, la sanción también puede ser eludida si el contribuyente demuestra que no estaba sujeto al impuesto sobre la renta.

¿Son ilegales las amenazas de castigo?

La Comisión Europea supone que las amenazas de castigo mencionadas violan la legislación europea y ha abierto un procedimiento de sanción.

Se ha anunciado en Bruselas que se iniciará un procedimiento sancionador contra estas sanciones “desproporcionadas” y que se advertirá a España de la obligación de facilitar información sobre los bienes dentro de la UE (EEE) puede violar la legislación de la UE.

La falta de prescripción de los bienes dentro de la UE o del EEE es desproporcionada. La administración española ya dispone de esta información en el marco del intercambio de datos dentro de Europa, con la excepción de Suiza y Andorra.

Pero el Gobierno ha declarado que no tiene intención de cambiar la declaración de bienes en el extranjero y sigue aplicando los modelos 720. Lo cierto es que, hasta la fecha, y a pesar del demoledor dictamen de la Comisión Europea, no se han introducido cambios normativos para hacer compatible el Modelo 720 con la legislación de la UE.

El dictamen de la Comisión Europea no afecta a la validez y eficacia de las normas establecidas por los Estados miembros, ni a los actos que se han producido en aplicación de las mismas.

Aunque esta obligación de información será declarada nula, tarde o temprano, por las instituciones de Bruselas, es aconsejable, sin embargo, proporcionarla en este momento. Puede ponerse en contacto con nuestra oficina para cualquier duda o aclaración al respecto.